España es uno de los pocos países en Europa que no cuenta con una “Ley de Transparencia”, cuestión que nuestro gobierno pretende solventar, dando los primeros pasos para la formación y aprobación de la misma. Este tipo de leyes garantizan el acceso a todos los ciudadanos de útil información pública sobre las personas que controlan “lo público”, es decir, “nuestros dineritos”, los de todos.

El Consejo de Ministros acaba de aprobar el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Una de las medidas que más me ha sorprendido, y gratamente además, es la posibilidad de participación ciudadana a través de la página web del Ministerio de la Presidencia, donde se podrán presentar aportaciones al texto a partir del próximo lunes día 27 de marzo,  y durante los siguientes 15 días. Esperemos que no se quede en un camelo para llamar la atención, y realmente se haga buena lectura de las propuestas que se realicen. De seguro más de una habrá con mucho juicio.

Soraya Sáenz de Santamaría

¿Qué nos ofrecerá esta ley concretamente? Pues a partir de su entrada en vigor, en teoría, toda institución pública (ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, ministerios, Tribunal de Cuentas, Congreso, Senado etc…) deberán dar a conocer los salarios de sus directivos, los funcionarios con los que cuentan, compatibilidades e incompatibilidades, su organigrama, cualquier contrato adjudicado, servicio contratado, ayuda o subvención pública así como los convenios suscritos y cualquier partida de gasto. En palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría: “Esta ley permitirá conocer cómo se contrata, cómo se subvenciona y cómo se paga a los altos cargos”

La ley no se queda sólo en los entes públicos y también afecta a aquellas empresas públicas en las que el Estado tenga una participación del 50% o más. Es decir, que empresas como AENA o Loterías también deberán ser más transparentes. Se queda sin embargo fuera del ámbito de la ley “La Casa Real”, lo cual y después de todo el follón de Urdangarín y el Instituto Noos, sería una buena oportunidad para un buen lavado de imagen, pero en fin.

¿Cómo podremos acceder a tan valiosa información? Pues a través de una página creada, ad hoc, “El Portal de Internet de la Transparencia”, que dependerá de Vicepresidencia del Gobierno. Según explicó Sáenz de Santamaría en este portal estará disponible toda la información pública de los entes públicos dependientes del Estado, pero no de las comunidades autónomas y ayuntamientos. El resto de información de ámbito municipal y autonómico deberá estar accesible desde las páginas webs de las correspondientes ciudades, provincias y comunidades autónomas.

¿Qué aportará esta ley para que realmente suponga un cambio? Lo más importante a parte del acceso a toda esta información, es la imposición de mayor control, vigilancia y castigos a aquellos políticos y empresas públicas que sean malos gestores de, lo que sería “nuestros dineritos”. Las penas van desde las multas económicas (ahí, ahí, que devuelvan lo robado), cárcel (eso tengo que verlo), y hasta la inhabilitación de 5 a 10 años (ya podía ser de por vida). Estas medidas exigirán una futura reforma del Código Penal.

¿Y quién se ocupará de controlar porque se cumplan estas medidas, y de imponer dichas sanciones? Pues la encargada será la actual Agencia de Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas, que ahora pasará a llamarse “La Agencia de Transparencia”. Su director será elegido por el Gobierno, aunque podrá ser vetado por el Congreso y el Senado por mayoría absoluta (difícilmente se dará tal situación, y menos con el Gobierno actual).

Seguir leyendo… »