España es uno de los pocos países en Europa que no cuenta con una “Ley de Transparencia”, cuestión que nuestro gobierno pretende solventar, dando los primeros pasos para la formación y aprobación de la misma. Este tipo de leyes garantizan el acceso a todos los ciudadanos de útil información pública sobre las personas que controlan “lo público”, es decir, “nuestros dineritos”, los de todos.

El Consejo de Ministros acaba de aprobar el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Una de las medidas que más me ha sorprendido, y gratamente además, es la posibilidad de participación ciudadana a través de la página web del Ministerio de la Presidencia, donde se podrán presentar aportaciones al texto a partir del próximo lunes día 27 de marzo,  y durante los siguientes 15 días. Esperemos que no se quede en un camelo para llamar la atención, y realmente se haga buena lectura de las propuestas que se realicen. De seguro más de una habrá con mucho juicio.

Soraya Sáenz de Santamaría

¿Qué nos ofrecerá esta ley concretamente? Pues a partir de su entrada en vigor, en teoría, toda institución pública (ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, ministerios, Tribunal de Cuentas, Congreso, Senado etc…) deberán dar a conocer los salarios de sus directivos, los funcionarios con los que cuentan, compatibilidades e incompatibilidades, su organigrama, cualquier contrato adjudicado, servicio contratado, ayuda o subvención pública así como los convenios suscritos y cualquier partida de gasto. En palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría: “Esta ley permitirá conocer cómo se contrata, cómo se subvenciona y cómo se paga a los altos cargos”

La ley no se queda sólo en los entes públicos y también afecta a aquellas empresas públicas en las que el Estado tenga una participación del 50% o más. Es decir, que empresas como AENA o Loterías también deberán ser más transparentes. Se queda sin embargo fuera del ámbito de la ley “La Casa Real”, lo cual y después de todo el follón de Urdangarín y el Instituto Noos, sería una buena oportunidad para un buen lavado de imagen, pero en fin.

¿Cómo podremos acceder a tan valiosa información? Pues a través de una página creada, ad hoc, “El Portal de Internet de la Transparencia”, que dependerá de Vicepresidencia del Gobierno. Según explicó Sáenz de Santamaría en este portal estará disponible toda la información pública de los entes públicos dependientes del Estado, pero no de las comunidades autónomas y ayuntamientos. El resto de información de ámbito municipal y autonómico deberá estar accesible desde las páginas webs de las correspondientes ciudades, provincias y comunidades autónomas.

¿Qué aportará esta ley para que realmente suponga un cambio? Lo más importante a parte del acceso a toda esta información, es la imposición de mayor control, vigilancia y castigos a aquellos políticos y empresas públicas que sean malos gestores de, lo que sería “nuestros dineritos”. Las penas van desde las multas económicas (ahí, ahí, que devuelvan lo robado), cárcel (eso tengo que verlo), y hasta la inhabilitación de 5 a 10 años (ya podía ser de por vida). Estas medidas exigirán una futura reforma del Código Penal.

¿Y quién se ocupará de controlar porque se cumplan estas medidas, y de imponer dichas sanciones? Pues la encargada será la actual Agencia de Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas, que ahora pasará a llamarse “La Agencia de Transparencia”. Su director será elegido por el Gobierno, aunque podrá ser vetado por el Congreso y el Senado por mayoría absoluta (difícilmente se dará tal situación, y menos con el Gobierno actual).

 Además de la información que se publique en el Portal de la Transparencia, los ciudadanos podrán solicitar información pública que no se encuentre disponible en la misma y La Administración estará obligada a contestar en un plazo máximo de un mes, salvo que dicha información sea considerada de importancia para la seguridad nacional, o traten sobre el secreto profesional o la protección de datos, entre otros  límites.

Tribunal de Cuentas

El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, ha aprovechado una conferencia en la facultad de Derecho en la Universidad de León, titulada «Ética y transparencia en la gestión pública», para dar su opinión sobre la nueva Ley. Según él, esta Ley cumple una petición que el Tribunal de Cuentas ha realizado al poder legislativo en varias ocasiones y  que servirá para lograr una “austeridad en el gasto” y que “nadie pueda derrochar más de lo que se ingresa”.

Esta ley es sin duda de importancia para el Tribunal de Cuentas, así como de sus homólogos autonómicos, habida cuenta de que la principal función de este órgano constitucional es la de comprobar si la actividad económica y financiera del sector público respeta los principios de legalidad, eficiencia y economía. Ahora que los ciudadanos tendrán mayor acceso a toda esta información, podrán aumentar las denuncias sobre las irregularidades que se produzcan, y aunque en principio este órgano debería tener acceso a toda esta información sin la aprobación de esta Ley, ahora tendrán que atender a estas denuncias y espero que hagan mejor su trabajo.

Aquí, en Melilla, hemos sido noticia, a raíz de una serie de denuncias protagonizadas por José Valdivieso, Presidente de la Asociación Melillense de Estudiantes Universitarios (AMEU), sobre una presunta trama de corrupción orquestada desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma y algunas de las Asociaciones Juveniles de la ciudad, y una serie de reportajes que ha realizado la revista Interviu sobre este tema. El amigo Javier García, futuro periodista y autodenominado “tocador de gónadas a tiempo completo”, desde su blog, EstoesdePelícula, donde actualiza todas las novedades que van surgiendo sobre el asunto, me comentó la posibilidad de escribir un artículo sobre el Tribunal de Cuentas (funciones, competencias…) a raíz de la investigación que podrían estar realizando y que coinciden en algunos de los hechos denunciados por Valdivieso. Al final he pasado tres kilos de su sugerencia y he decidido escribir sobre esta futura Ley de Transparencia, que me parecía más interesante, y no realizar un trabajo de “Copy & Paste”. I´m sorry! Cualquier interesado puede encontrar toda la información necesaria sobre este órgano en su página web, que de seguro estará mejor explicado de lo que yo podría. Para más información sobre este asunto, pueden seguir los artículos de su blog, los cuáles encontraran bastante interesantes y también desde la web de la Asociación AMEU.

Portada Revista Interviu, Reportaje "El chollo de ser joven y del PP en Melilla"

Sinceramente espero que todo esto se quede en una serie de pequeños errores cometidos por los responsables, subsanables, y que por supuesto se demuestre que todos “nuestros dineritos” hayan sido utilizados correcta y eficientemente, tal y como correspondería. Y evidentemente, que en caso contrario, se depuren las responsabilidades pertinentes, como no podría ser de otra manera, y la justicia haga su trabajo. Confió que esta nueva Ley ayude a acabar con la lacra que supone la corrupción política y realmente la “transparencia” sea a partir de ahora la pauta que rija sobre la actividad de los políticos.

Con un mayor control real, cada vez será más difícil que se salten a la torera los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y concursos. Otro asunto importante que se ha mencionado, y que me parece crucial, es el de penalizar a las empresas que ganan los concursos por establecer precios muy bajos para la realización de las obras, para después ir aumentando el presupuesto por “diversos problemas no previstos”, resultando al final más caro el objeto del contrato público, que otras empresas que habían fijado un precio más realista.

¿Se acabará con las chapucerías, los caraduras, y los trepas que aprovechándose de su condición de “público” acceden para sí y para sus más allegados a importantes subvenciones y contratos? ¿Estarán a salvo “nuestros dineritos”?